En los próximos dos meses el Betis se juega la plaza en Europa que lleva toda la Liga saboreando. No es lo único de lo que deben estar pendientes los béticos, eso sí. Además de los goles que marcarán los chicos de Mel sobre el césped, lo que suceda en los juzgados en esta primavera va a influir decisivamente en el futuro de la entidad. Está anunciado que los casos más relevantes que afectan al accionariado del Betis serán impulsados de manera sustancial en estos meses. Ocurre con la calificación del concurso de acreedores, que está al caer, y que puede provocar la inhabilitación de Manuel Ruiz de Lopera, Luis Oliver, Manuel Castaño y otros como dirigentes para los próximos años, así como la instrucción que sigue Mercedes Alaya, ya que los peritos han de ratificar el segundo informe en junio y luego se tomará declaración a muchos de los protagonistas de esta historia, entre ellos el propio Lopera;así como la demanda civil que discute la propiedad de las acciones en el Juzgado de lo Mercantil, un caso que se prevé que avance con mayor celeridad y que tiene planteada una administración judicial suplente de las acciones.
Lo mejor para el Betis es que toda esta judicialización de su presente no está afectando a su marcha. No debe hacerlo en este porvenir lleno de vistas y sentencias. La primera noticia que caerá en las próximas semanas es la calificación del concurso de acreedores, un paso determinante en este proceso. Para que sea culpable o fortuito tomarán la palabra aquí los administradores concursales —Antonio González, Francisco Tato y Gerardo Narbona—, que cesaron en sus cargos hace unos meses pero que aún tienen que determinar esta evaluación que influirá en los gestores del Betis en los dos años anteriores a la acogida a la Ley Concursal, es decir Lopera y Oliver. Como ya avanzó este periódico en su día se solicitó por parte de un grupo de accionistas béticos que se inhabilitara a Lopera, Oliver y Castaño, entre otros, durante dos a cinco años, además de la devolución de fuertes cantidades (25 millones entre todos) por la mala administración del club. Si los concursales lo ven fortuito, queda la palabra de la Fiscalía. Si alguno lo considera culpable, se abre un juicio que será decisivo puesto que consolidar el alejamiento de Lopera del club durante ese tiempo, además del castigo económico, puede plantear mucha incertidumbre sobre el gobierno del club más allá de lo que salga de la investigación de Alaya.
Y es precisamente este caso, el que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 6, en el que habrá más novedades en este tiempo. El regreso de la juez le dará un impulso determinante. Ya fijó Rogelio Reyes, quien sustituyó brevemente a Alaya al frente del caso, que la ratificación del segundo informe por parte de los peritos judiciales se producirá el 5 de junio. A partir de ahí se tomará declaración de nuevo a Manuel Ruiz de Lopera y a los señalados en esta causa, como los responsables de Tegasa, Encadesa y otros exconsejeros del club. Con ello se cerará una larga instrucción, aunque la administración judicial se prevé que siga vigente hasta finales de año, ya que el juicio en la Audiencia Provincial no va a llegar de inmediato y José Antonio Bosch y el consejo que tiene alrededor mantendrían su puesto. Si los peritos mantienen su tesis ante la segura disconformidad de la defensa, la acusación de perjuicio al club se consolidaría en casi 25 millones de euros entre 1993-2008, una cantidad realmente desorbitada.
Además de este tramo final de la instrucción que tanto ha afectado al club por la administración judicial que sustenta el consejo actual, el Betis estará pendiente de la demanda que se presentó en su día en el Juzgado de lo Mercantil para discutir la propiedad de las acciones por parte de Farusa al dudar de que se desembolsaran en tiempo y forma las cantidades precisas en 1992 para conformar el paquete accionarial mayoritario. Se apunta a un 30 por ciento de las mismas y a una nueva administración judicial. Este caso también prevé un buen impulso en este tiempo ya que se antoja de celeridad superior a los anteriores y resulta un discusión importantísima puesto que se trata la propiedad del club no sólo para el presente, sino para el futuro.
Lopera, acorralado
De esta forma, la maraña judicial del Betis dibuja un laberinto difícil de superar por Manuel Ruiz de Lopera, al que se le piden restituciones millonarias de presuntos daños al club por la interposición de sus empresas, otras similares por la mala gestión antes del concurso, inhabilitación para tener cargos en una sociedad (como el Betis) durante años y la propiedad de su paquete accionarial mayoritario. Y todo mientras sus participaciones están embargadas y el club está dirigido por un administrador desde hace más de dos años. Una partida de ajedrez con un jaque permanente que puede ser mate si alguna de estas vías concluye con éxito para quienes las impulsan. El futuro del Betis, y no sólo el deportivo, se juega en una primavera convulsa en los tribunales, donde no está dicha la última palabra.
El futuro del Betis, en una primavera
Lo mejor para el Betis es que toda esta judicialización de su presente no está afectando a su marcha. No debe hacerlo en este porvenir lleno de vistas y sentencias. La primera noticia que caerá en las próximas semanas es la calificación del concurso de acreedores, un paso determinante en este proceso. Para que sea culpable o fortuito tomarán la palabra aquí los administradores concursales —Antonio González, Francisco Tato y Gerardo Narbona—, que cesaron en sus cargos hace unos meses pero que aún tienen que determinar esta evaluación que influirá en los gestores del Betis en los dos años anteriores a la acogida a la Ley Concursal, es decir Lopera y Oliver. Como ya avanzó este periódico en su día se solicitó por parte de un grupo de accionistas béticos que se inhabilitara a Lopera, Oliver y Castaño, entre otros, durante dos a cinco años, además de la devolución de fuertes cantidades (25 millones entre todos) por la mala administración del club. Si los concursales lo ven fortuito, queda la palabra de la Fiscalía. Si alguno lo considera culpable, se abre un juicio que será decisivo puesto que consolidar el alejamiento de Lopera del club durante ese tiempo, además del castigo económico, puede plantear mucha incertidumbre sobre el gobierno del club más allá de lo que salga de la investigación de Alaya.
Y es precisamente este caso, el que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 6, en el que habrá más novedades en este tiempo. El regreso de la juez le dará un impulso determinante. Ya fijó Rogelio Reyes, quien sustituyó brevemente a Alaya al frente del caso, que la ratificación del segundo informe por parte de los peritos judiciales se producirá el 5 de junio. A partir de ahí se tomará declaración de nuevo a Manuel Ruiz de Lopera y a los señalados en esta causa, como los responsables de Tegasa, Encadesa y otros exconsejeros del club. Con ello se cerará una larga instrucción, aunque la administración judicial se prevé que siga vigente hasta finales de año, ya que el juicio en la Audiencia Provincial no va a llegar de inmediato y José Antonio Bosch y el consejo que tiene alrededor mantendrían su puesto. Si los peritos mantienen su tesis ante la segura disconformidad de la defensa, la acusación de perjuicio al club se consolidaría en casi 25 millones de euros entre 1993-2008, una cantidad realmente desorbitada.
Además de este tramo final de la instrucción que tanto ha afectado al club por la administración judicial que sustenta el consejo actual, el Betis estará pendiente de la demanda que se presentó en su día en el Juzgado de lo Mercantil para discutir la propiedad de las acciones por parte de Farusa al dudar de que se desembolsaran en tiempo y forma las cantidades precisas en 1992 para conformar el paquete accionarial mayoritario. Se apunta a un 30 por ciento de las mismas y a una nueva administración judicial. Este caso también prevé un buen impulso en este tiempo ya que se antoja de celeridad superior a los anteriores y resulta un discusión importantísima puesto que se trata la propiedad del club no sólo para el presente, sino para el futuro.
Lopera, acorralado
De esta forma, la maraña judicial del Betis dibuja un laberinto difícil de superar por Manuel Ruiz de Lopera, al que se le piden restituciones millonarias de presuntos daños al club por la interposición de sus empresas, otras similares por la mala gestión antes del concurso, inhabilitación para tener cargos en una sociedad (como el Betis) durante años y la propiedad de su paquete accionarial mayoritario. Y todo mientras sus participaciones están embargadas y el club está dirigido por un administrador desde hace más de dos años. Una partida de ajedrez con un jaque permanente que puede ser mate si alguna de estas vías concluye con éxito para quienes las impulsan. El futuro del Betis, y no sólo el deportivo, se juega en una primavera convulsa en los tribunales, donde no está dicha la última palabra.
El futuro del Betis, en una primavera