El esfuerzo realizado por los gestores del Betis desde diciembre de 2010 ha dado sus frutos. El Betis ha alcanzado una estabilidad económica que le permite mirar al presente con optimismo. Las cuentas anuales que el consejo de administración presentará en la junta de accionistas del próximo 17 de diciembre así lo atestiguan. En situaciones similares, el comportamiento de las directivas de Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver contrasta con las de los últimos años con Rafael Gordillo, Miguel Guillén, Manuel Domínguez Platas y, ahora, Juan Carlos Ollero. Los primeros no dudaron en asfixiar económicamente a la entidad alcanzando 90,6 millones de euros de deuda, con pérdidas en Segunda de 75, 3 millones y un exceso al destinar cantidades que suponían el 199% del presupuesto a los salarios de la plantilla, mientras que el club ha logrado librarse de la deuda vencida y exigible, convivir con los pagos concursales perfectamente estructurados y sin intereses (entre 2,7 y 2,4 millones anuales hasta la 2019-20, ya sin Hacienda y con adelanto con respecto al plan de viabilidad perfilado por la Administración Concursal), acabar la campaña en Segunda con 1,5 millones de superávit (la primera vez que lo consigue en esta categoría) y contener la trascendencia de lo sueldos en el presupuesto al ser el 89 por ciento en la 2014-15 y el 60 en la que actualmente está en curso. En definitiva, una responsabilidad de los administradores del Betis que lleva al club al mismo sitio sin tener que despilfarrar millones de euros que hipotecaron las últimas temporadas.

La evolución de los fondos propios (fondos no ajenos, capital más reservas) es fiel reflejo de ello: en la 2007-08 fueron positivos por 44 millones, tras la 2010-11 ya estaban en 63 millones en negativo y sólo en las dos últimas campañas ha dejado el rojo para pasar al negro, 2,9 a 30 de junio de 2015. El objetivo en este punto es superar en 2017 el capital social (siete millones), algo realmente plausible.
Las cuentas de la 2014-15 acabaron en positivo gracias a los créditos fiscales, considerados una obligación contable de los administradores, con lo que se mantiene la línea de los llamados «consejos judiciales», con superávit de 33, 12, 19 y 1,5 millones en sus cuatro temporadas en el club. Y el presupuesto de 50,2 millones recoge la perspectiva de obtener un millón de beneficio, que podría ser más debido a que algunas partidas como las de publicidad, abonos o televisión han quedado desactualizadas a la baja tras la evolución de las gestiones realizadas desde septiembre, cuando se cerró el presupuesto, hasta ahora.

Otra diferencia sustancial, por ejemplo, con la época de gestión de Oliver es el asunto de las comisiones. El consejo de la 2014-15 pagó a agentes e intermediarios sólo 200.000 euros para hacer su trabajo en la parte que les tocaba de la confección de la plantilla, mientras que el navarro sacó de las arcas del club, sólo por las salidas de Sergio García y Mehmet Aurelio, cerca de un millón de euros por este concepto.
Un punto sensible es la transparencia. Se ha acusado a los consejos judiciales de falta de la misma, pero desde su llegada las cuentas anuales se publican en la web oficial, cuando en los anteriores sólo las podían recibir los accionistas y no sin dificultades. Además, el club va a poner en marcha en estas semanas previas a la junta del 17-D una serie de reuniones con los accionistas béticos que lo deseen para darles una explicación detallada de las cuentas y el resto de puntos del orden del día, entre los que se encuentra una profunda reforma estatutaria en la que se pretende abrir la presencia en las asambleas al máximo de béticos posibles.
Otro dato llamativo es el salario de los integrantes de la dirección deportiva. El club destina actualmente, ya en la temporada en curso, 900.000 euros para pagar a Eduardo Macià y su completo equipo de colaboradores. Lejos de la inversión que hacen otros equipos en esta parcela y también una cifra sensiblemente inferior a la que perciben Pepe Mel y su cuerpo técnico, que supera el 1.300.000 euros en Primera división.

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