Intervencion de Adolfo Cuellar y Jose Tirado en Estilo Betis (26/03/2010)

El Juzgado de Instrucción número 6 continúa avanzando en el proceso abierto contra Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito societario y ayer la juez Mercedes Alaya notificó a las partes el informe pericial que ordenó realizar sobre los seis primeros años de gestión de Lopera en el Betis. Y, según pudo conocer Diario de Sevilla, el informe concluye, algo que ya se apuntaba desde la acusación realizada por las diferentes plataformas de la oposición, que Lopera se apropió de no menos de 11 millones de euros pertenecientes al Betis, en esos seis primeros años de gestión que transcurren desde 1993 a 1998. El informe elaborado por los técnicos de Hacienda es muy técnico, por lo que para su perfecto entendimiento se requiere de especialistas en la materia económica, pero sí se pueden extraer algunos puntos que señalan que Lopera, a través de empresas como Tegasa, se ha apropiado de gran parte de los ingresos que correspondían al Betis y no al revés, como siempre había pregonado el máximo accionista.

En primer lugar, los técnicos apuntan a que los ingresos por explotación del negocio y de tesorería no fueron para el Betis, sino que las empresas de Lopera se quedaron con ellos, con el consiguiente perjuicio económico para el club verdiblanco. Además, en el informe se resalta que Farusa se quedó con 200 millones de pesetas del traspaso de Roberto Ríos al Athletic, un 10% de la cifra total por la que el defensa central fue vendido al club vasco. Otro punto en el que hacen hincapié los peritos reside en la responsabilidad civil y económica que el Betis asumió en el anterior proceso judicial de Lopera, en el que Tegasa tuvo que asumir una fuerte multa, pero que ésta fue pagada por el club verdiblanco. Pero si las anteriores conclusiones apuntan al presunto delito societario cometido por Lopera a través de su entramado de empresas, un punto de gran importancia del informe reside en la afirmación de que el Betis fue quien pagó el préstamo a las cajas, por valor de 1,8 millones de euros, con el que Lopera acometió la compra de las acciones, por lo que la posibilidad de volver a abrir el proceso hasta 1992 se reactiva, pese a que hace escasas fechas la Audiencia de Sevilla rechazase esa petición de la juez. Los peritos insisten en esa posible apropiación indebida de Lopera, lo que permitiría a la juez extender el proceso, como fue su pretensión anteriormente.

En definitiva, el informe pericial otorga la razón a la denuncia formulada por los grupos opositores, al entender que existió, en esos seis primeros años investigados, un presunto delito societario cometido por Lopera a través de sus empresas, por el que se apropió de no menos de 11 millones de euros del Betis. Además, la posible existencia de una apropiación indebida de las acciones volvería a dejar en el aire la legalidad de Lopera como máximo accionista de la entidad. Según expertos sobre la materia, ahora la juez solicitará la ratificación del informe por parte de los peritos y, en principio, llamaría a declarar a Manuel Ruiz de Lopera como imputado, tras las pruebas aportadas en dicho informe.

Los diferentes grupos de la oposición consultados por este periódico no quisieron realizar valoraciones sobre el informe, a la espera de estudiarlo en profundidad, al igual que la defensa de Lopera, que incluso asegura desconocer la existencia del mismo. Lo único claro es que la juez estrecha el cerco sobre Lopera, ya que este informe representa únicamente el primero de los solicitados, por lo que el fraude del máximo accionista a la entidad verdiblanca aún podría aumentar, teniendo en cuenta que los años que faltan por investigar son los de mayores ingresos por televisión.

El esperado informe de los peritos de la Agencia Tributaria que había encargado la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado número 6 de Sevilla, en el marco de la instrucción del caso del presunto delito societario cometido por Manuel Ruiz de Lopera y las empresas controladas por él en la gestión del Betis, llegó ayer a las partes y reveló conclusiones realmente esperanzadoras para las partes denunciantes (Por Nuestro Betis, Béticos por el Villamarín y Liga de Juristas Béticos) y preocupantes para el aún consejero delegado del club heliopolitano, puesto que el informe pericial señala que el daño que ha causado la interposición de Tegasa en la gestión de los recursos del Betis entre los años 1993 y 1998 alcanza una cantidad no inferior a once millones de euros. Es el primer informe y se refiere al quinquenio inicial del mandato de Lopera. Se supone que es el menos cuantioso de todos, puesto que las cantidades económicas manejadas son menores que en años posteriores, con lo que se espera que los próximos informes sean incluso más escandalosos, según anuncian las partes, sobre todo por la irrupción del dinero de las televisiones.

La venta de Roberto Ríos


ABC ha tenido acceso a varios de los datos más interesantes contenidos en este informe pericial que llegó ayer a las partes del caso vía CD y que es muy extenso (282 folios sin contar los 17 anexos). El asunto más grave es que Tegasa, sociedad controlada por Lopera, se hizo con esa cantidad, no inferior a once millones de euros, interviniendo en la gestión de los recursos del club. Además, se detalla, incluso, que Farusa, otra de las empresas controladas por Lopera, se hizo con 1,2 millones de euros del traspaso de Roberto Ríos al Athletic en el verano de 1997, valorado entonces en doce millones de euros. Todo ello se recoge en el apartado «Conclusiones» del informe pericial que ayer llegó a las partes, que apenas han tenido tiempo para profundizar en su contenido. Otro dato es que el crédito solicitado para el pago de las acciones de Farusa lo abonó el propio Betis.

Sin embargo, todo esto refleja la gravedad de lo denunciado y, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, inciden en que apenas hay ya problemas en demostrar el delito societario del que se acusa a Lopera, su presunta administración fraudulenta y que la imputación del máximo accionista es «inevitable».

Además, en delitos de esta catalogación, la pena obliga al infractor a restituir el daño causado (es decir, abonar las cantidades sustraídas) y se contempla un castigo del tanto al cuádruple del total, por lo que la condena, en caso de llegar, sería descomunal. Y siempre teniendo en cuenta que se habla hasta ahora del primer quinquenio de la gestión de Lopera y aún restan dos por evaluarse por los peritos de la Agencia Tributaria los años restantes.

Con este informe pericial se reactiva el caso del presunto delito societario por el que tanto han trabajado desde la oposición, que recibió una mala noticia recientemente con el rechazo de la Audiencia Provincial a que se investigara desde 1992, con la discutida conversión del club en sociedad anónima deportiva. La extensa instrucción ha despertado muchas expectativas aunque ésta aún no ha concluido y será entonces cuando se conozca si Lopera es imputado y si hay un juicio posterior en otro juzgado.