La juez rechaza investigar más la venta de acciones de Lopera a Oliver

La juez que investiga un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista del Betis ha rechazado ampliar las indagaciones a la procedencia y destino de los fondos con los que la empresa Bitton Sport, propiedad de Luis Oliver, le compró su paquete mayoritario de acciones. La juez de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que el informe entregado por la Guardia Civil en octubre pasado "es suficiente a los fines de la presente instrucción", en la que "nunca se ha pretendido una investigación sobre la entidad Bitton Sport, sino sobre la operación de compra realizada por dicha entidad de las acciones del Real
Betis". La juez no estima necesario "el análisis de las cuentas bancarias de las entidades en las que fueron cargados los cheques a los que se refiere la Guardia Civil" en su informe sobre la compraventa, pues "no se pretende ni se ha pretendido la investigación de ninguna sociedad en concreto".

Por ello, la juez ha rechazado la petición de la defensa de Lopera, que pretendía una ampliación del informe de la Guardia Civil sobre la venta del 51 por ciento de las acciones del Betis en poder de Lopera, firmada en julio pasado por 16 millones de euros. La defensa pidió que la Guardia Civil ampliase su informe sobre la solvencia de Bitton Sport y determinase la procedencia y destino de los fondos entregados, tras la primera imputación de la juez de que se trataba de una "venta simulada" pues Oliver podría ser un testaferro de Lopera. En dicho informe, la Guardia Civil aseguró que las empresas que intervinieron en la compraventa fueron compradas por Luis Oliver y Ángel Vergara "por el precio de un euro, lo que indica que carecen de capacidad económica-financiera para cumplir sus obligaciones de la operación, y, en consecuencia, generar los recursos necesarios". La operación, además, fue garantizada personalmente por Oliver, del que la Guardia Civil dijo que "puede afirmarse que carece de propiedades inmobiliarias registradas a su nombre". Además, las empresas avalistas de la venta habían perdido "la relación que tenían con los grupos inmobiliarios y entidades financieras" que tenían en julio, fecha de un primer informe de la Guardia Civil. Ahora, la juez Mercedes Alaya rechaza la petición de la defensa de profundizar en el apartado 5 del informe de la Guardia Civil, titulado "Estudio de flujos financieros", e investigar las entidades a las que fueron cargados los cheques utilizados en la operación. Entonces, la Guardia Civil constató que para profundizar en dicho asunto era necesario analizar las cuentas bancarias o tomar declaración a los representantes legales de las empresas.