Sevilla, 5 mar (EFE).- La juez que investiga delitos en la gestión del ex máximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera ha confirmado el nombramiento del abogado José Antonio Bosch como administrador judicial por su papel para evitar o investigar nuevos delitos y asegurar pruebas.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, confirma el nombramiento de Bosch, un "jurista de prestigio", como uno de los tres administradores judiciales del paquete de acciones de Lopera, cargo en el que sustituyó a su compañero fallecido José Manuel Gómez Porrúa.
La juez insiste en la necesidad de la administración judicial "como medio de prevención de la actividad delictiva, el aseguramiento de pruebas e inclusive como instrumento para la investigación de nuevos hechos delictivos".
En ese sentido, la juez recoge como "enormemente esclarecedor" el informe de los administradores judiciales del pasado 14 de febrero, cuando revelaron los "cobros ilegítimos de comisiones" en la salida de Mehmet Aurelio, en cuya negociación el Betis pagó 354.000 euros, y en el traspaso de Sergio García, cuando abonó 500.000 euros.
Añade otra presunta irregularidad en el pago de 35.400 euros a una empresa auditora por encargo verbal de Luis Oliver, el empresario que compró las acciones de Lopera, "sin que exista contrato de prestación de servicios ni tampoco se encuentre en poder del Real Betis el trabajo realizado".
Por ello, la juez Mercedes Alaya apela a su función para "actuar de oficio cuando las circunstancias lo requiera" y confirma el nombramiento de Bosch junto al exfutbolista Rafael Gordillo y el economista Carlos Ruiz de Huidobro como administradores judiciales del club deportivo.
El abogado de Lopera ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla esta resolución, que a su juicio se inserta en la "inquisición general" contra su defendido al atribuir a los administradores judiciales una labor de investigar delitos que corresponde a las fuerzas de seguridad.
Se trata de una posible "vulneración de derechos fundamentales y garantías" al obtener pruebas de una manera "irregular, a través de medios no previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", lo que obligaría a que "con más razón, las defensas estén presentes en cada una de las actuaciones de los administradores encaminadas a esa finalidad".

EFE