El último juicio del caso Betis ya tiene sentencia. Tras pasar más de una década desde la denuncia de los hechos, el exconsejero delegado Luis Oliver y los expresidentes José León y Jaime Rodríguez-Sacristán, así como otros cuatro acusados, han sido condenados por las comisiones en las ventas de los jugadores Sergio García y Mehmet Aurelio, al Zaragoza y al Besiktas, respectivamente, en el verano de 2010, así como por otras operaciones en las que desviaban dinero de las arcas del club, ya en concurso de acreedores, a empresas controladas por el empresario navarro.
El juicio estaba previsto que se celebrara durante todo el mes de enero, pero un acuerdo alcanzado a última hora de este pasado lunes ha posibilitado que se haya cerrado en una única sesión, después de que todos los acusados hayan mostrado su conformidad con el acuerdo entre defensas, Fiscalía y la única acusación, ejercida por Béticos por el Villamarín.
El Ministerio Público solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para Oliver y cuatro para José León por un delito de apropiación indebida en concurso medial con un delito de falsedad documental. Además, pedía para ambos el pago de una multa de seis mil euros. En el caso de Rodríguez-Sacristán, la pena solicitada por el fiscal era de nueve meses de prisión por apropiación indebida.
No obstante, el acuerdo de conformidad entre las partes ha supuesto una rebaja considerable de las penas. Así, la Audiencia, en una sentencia dictada «in voce» y que ya es firme, ha condenado a Oliver y León a diez meses y 16 días de cárcel y una multa de 225 euros. En este caso, la pena privativa de libertad ha quedado en suspensión por un periodo de dos años, con la única condición de no volver a delinquir. Por su parte, Jaime Rodríguez-Sacristán ha sido condenado a una pena de un mes y quince días de prisión que se sustituyen por una multa de 270 euros.
El acuerdo de conformidad alcanzado este martes por las partes en el último juicio del caso Betis y que cierra la relación del club con los tribunales por la gestión de Lopera y, después, de Oliver, ha estado marcado por el pacto accionarial del club con estos dos en julio en 2017. En virtud de dicho pacto, el Betis renunciaba a las acciones penales y civiles contra Lopera y Oliver, que actualmente dirige a un club de primera división de Panamá. Esto supone que en este juicio, por ejemplo, no se hayan solicitado indemnizaciones a los acusados para el club, que ya se muestra resarcido por el perjuicio económico provocado por la gestión de Oliver, León y compañía.
Inicialmente, la Fiscalía pedía que Oliver, solidariamente con el resto de acusados, indemnizara al club con más de un millón de euros. Además, al inicio de la sesión el tribunal, por la renuncia expresa del Real Betis a acciones civiles y penales, ha excluido a todas las empresas que figuraban en la causa como responsables civiles subsidiarios y a los partícipes a título lucrativo, entre éstos la exmujer de Oliver.
Los siete acusados, entre los que se encuentran los administradores de cuatro empresas vinculadas a Oliver y que participaron en las operaciones fraudulentas para sacar dinero de los fondos del club, han reconocido los hechos. Los otros cuatro acusados han sido condenados a tres meses y quince días de cárcel y a una multa de 135 euros.
Las operaciones fraudulentas
El empresario navarro llegó al Betis en julio de 2010, tras una operación de compra de acciones a Lopera a través de Bitton Sport. Fue nombrado consejero por cooptación. Desde su nombramiento actuó como administrador de hecho del club, según la Fiscalía. La instrucción de esta investigación fue llevada por la entonces juez titular de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. En pleno mercado de fichajes, el club decide vender a Mehmet Aurelio. El medio turco se lo comunica a su representante Bayram Tutumlu, quien fue la persona que contactó con el Besiktas turco para su llegada al club de su país natal en unas condiciones económicas que el club verdiblanco aceptó.
Pero, Oliver, «con la connivencia del también acusado José León, entonces presidente del club, hizo aparecer como el intermediario de la operación a Bastogne Corporación, cuyo administrador único era José María G.S., también condenado. Éste también se puso de acuerdo con otro de los investigados, José Ángel M.S., que a cambio de una suma de dinero, permitió presentarse como administrador de dicha sociedad». Bastogne presentó al Betis una factura en agosto de ese año por 345.000 euros por la mediación en el fichaje de Mehmet Aurelio. Factura que fue pagada por la entidad verdiblanca mediante pagaré.
No fue la única operación de similares características durante aquel verano. Los entonces gestores del Real Betis decidieron también la salida de Sergio García al Español. Se contactó con el Real Zaragoza porque aún tenía un derecho de tanteo sobre el delantero catalán en caso de venta. El Betis le debía al club maño aún 7,2 millones de euros por el fichaje de García temporadas anteriores. El acuerdo entre Betis y Zaragoza, en el que no actuó intermediario alguno, fue que el club aragonés ejercía el derecho de tanteo sobre el jugador por algo más de siete millones de euros, que pagó al Betis compensando la deuda antes citadas y, posteriormente, el Zaragoza vendía al jugador al equipo barcelonés por la misma cantidad.
Paralelamente, las conversaciones con el Español para lograr el acuerdo fueron llevadas por Oliver, con «una leve intervención» del acusado Plácido N.R.D., también condenado, a través de la entidad Sport Transfer, de la que era administrador. A pesar de la falta de intermediación de personal ajeno al Betis, Oliver, de nuevo «con la connivencia de León, que sabía la prácticamente existente mediación» en dichas operaciones, se puso de acuerdo con Plácido N.R.D. para que éste presentase al club verdiblanco, a través de la entidad Sport Transfer, una factura de 590.000 euros como si su mediación hubiese sido relevante para la venta del jugador catalán. Cantidad que el Betis pagó.
AFDLP.
El juicio estaba previsto que se celebrara durante todo el mes de enero, pero un acuerdo alcanzado a última hora de este pasado lunes ha posibilitado que se haya cerrado en una única sesión, después de que todos los acusados hayan mostrado su conformidad con el acuerdo entre defensas, Fiscalía y la única acusación, ejercida por Béticos por el Villamarín.
El Ministerio Público solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para Oliver y cuatro para José León por un delito de apropiación indebida en concurso medial con un delito de falsedad documental. Además, pedía para ambos el pago de una multa de seis mil euros. En el caso de Rodríguez-Sacristán, la pena solicitada por el fiscal era de nueve meses de prisión por apropiación indebida.
No obstante, el acuerdo de conformidad entre las partes ha supuesto una rebaja considerable de las penas. Así, la Audiencia, en una sentencia dictada «in voce» y que ya es firme, ha condenado a Oliver y León a diez meses y 16 días de cárcel y una multa de 225 euros. En este caso, la pena privativa de libertad ha quedado en suspensión por un periodo de dos años, con la única condición de no volver a delinquir. Por su parte, Jaime Rodríguez-Sacristán ha sido condenado a una pena de un mes y quince días de prisión que se sustituyen por una multa de 270 euros.
El acuerdo de conformidad alcanzado este martes por las partes en el último juicio del caso Betis y que cierra la relación del club con los tribunales por la gestión de Lopera y, después, de Oliver, ha estado marcado por el pacto accionarial del club con estos dos en julio en 2017. En virtud de dicho pacto, el Betis renunciaba a las acciones penales y civiles contra Lopera y Oliver, que actualmente dirige a un club de primera división de Panamá. Esto supone que en este juicio, por ejemplo, no se hayan solicitado indemnizaciones a los acusados para el club, que ya se muestra resarcido por el perjuicio económico provocado por la gestión de Oliver, León y compañía.
Inicialmente, la Fiscalía pedía que Oliver, solidariamente con el resto de acusados, indemnizara al club con más de un millón de euros. Además, al inicio de la sesión el tribunal, por la renuncia expresa del Real Betis a acciones civiles y penales, ha excluido a todas las empresas que figuraban en la causa como responsables civiles subsidiarios y a los partícipes a título lucrativo, entre éstos la exmujer de Oliver.
Los siete acusados, entre los que se encuentran los administradores de cuatro empresas vinculadas a Oliver y que participaron en las operaciones fraudulentas para sacar dinero de los fondos del club, han reconocido los hechos. Los otros cuatro acusados han sido condenados a tres meses y quince días de cárcel y a una multa de 135 euros.
Las operaciones fraudulentas
El empresario navarro llegó al Betis en julio de 2010, tras una operación de compra de acciones a Lopera a través de Bitton Sport. Fue nombrado consejero por cooptación. Desde su nombramiento actuó como administrador de hecho del club, según la Fiscalía. La instrucción de esta investigación fue llevada por la entonces juez titular de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. En pleno mercado de fichajes, el club decide vender a Mehmet Aurelio. El medio turco se lo comunica a su representante Bayram Tutumlu, quien fue la persona que contactó con el Besiktas turco para su llegada al club de su país natal en unas condiciones económicas que el club verdiblanco aceptó.
Pero, Oliver, «con la connivencia del también acusado José León, entonces presidente del club, hizo aparecer como el intermediario de la operación a Bastogne Corporación, cuyo administrador único era José María G.S., también condenado. Éste también se puso de acuerdo con otro de los investigados, José Ángel M.S., que a cambio de una suma de dinero, permitió presentarse como administrador de dicha sociedad». Bastogne presentó al Betis una factura en agosto de ese año por 345.000 euros por la mediación en el fichaje de Mehmet Aurelio. Factura que fue pagada por la entidad verdiblanca mediante pagaré.
No fue la única operación de similares características durante aquel verano. Los entonces gestores del Real Betis decidieron también la salida de Sergio García al Español. Se contactó con el Real Zaragoza porque aún tenía un derecho de tanteo sobre el delantero catalán en caso de venta. El Betis le debía al club maño aún 7,2 millones de euros por el fichaje de García temporadas anteriores. El acuerdo entre Betis y Zaragoza, en el que no actuó intermediario alguno, fue que el club aragonés ejercía el derecho de tanteo sobre el jugador por algo más de siete millones de euros, que pagó al Betis compensando la deuda antes citadas y, posteriormente, el Zaragoza vendía al jugador al equipo barcelonés por la misma cantidad.
Paralelamente, las conversaciones con el Español para lograr el acuerdo fueron llevadas por Oliver, con «una leve intervención» del acusado Plácido N.R.D., también condenado, a través de la entidad Sport Transfer, de la que era administrador. A pesar de la falta de intermediación de personal ajeno al Betis, Oliver, de nuevo «con la connivencia de León, que sabía la prácticamente existente mediación» en dichas operaciones, se puso de acuerdo con Plácido N.R.D. para que éste presentase al club verdiblanco, a través de la entidad Sport Transfer, una factura de 590.000 euros como si su mediación hubiese sido relevante para la venta del jugador catalán. Cantidad que el Betis pagó.
AFDLP.
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