Las asociaciones judiciales ven "inconstitucional" e "innecesario" prohibir que se grabe a policías

Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria tildan el anuncio de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de "oportunista".
Según los jueces, podría dejar a los ciudadanos indefensos.
Pretenden prohibir la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus
A. LARRAÑETA. 19.10.2012 - 12.00h
La asociación Jueces para la Democracia considera "inconstitucional" impedir la "captación, tratamiento y difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones", una idea que este jueves anunciaba el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

El Ministerio del Interior matizó que la próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no impediría grabar y tomar fotos en manifestaciones. El propio Cosidó añadió que se garantizará "el derecho a informar" y defendió que se trata de "buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad".

La asociación judicial progresista recuerda al Gobierno que cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional de comunicar y que la sociedad tiene derecho a recibir información, según lo recogido en el artículo 20 de la Carta Magna. Además, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, apeló a la situación de indefensión que la reforma dejaría a los ciudadanos "en el caso de que se produzcan excesos policiales, que no podría defenderse, alegar y plantearlo en los tribunales".

Lareforma puede hacer que sea el agente el que juzgue, sentencie y ejecute la prohibición, sin garantías para el ciudadano que está grabandoLa asociación judicial de tendencia más conservadora, Francisco de Vitoria, "no ve ninguna necesidad a esta reforma" que, según su portavoz José Luis González Armengol, "responde a un principio de oportunidad". Además, plantea que será "inviable" que no sean grabadas imágenes genéricas.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico, tilda la prohibición "de captar y difundir imágenes de la Policía" en el ejercicio de sus funciones de "barbaridad dictatorial". Dopico se muestra preocupado por cuanto la reforma pueda hacer que sea el agente el que "juzgue, sentencie y ejecute" la prohibición, sin garantías para el ciudadano.

Los expertos consultados atribuyen este anuncio a las críticas por las actuaciones policiales del 25-S que se derivaron de los numerosos vídeos que se grabaron esa noche en Madrid, así como a la difusión en redes sociales de las imágenes de agentes policiales infiltrados a cara descubierta en las manifestaciones. Todos concluyen, sin embargo, que el derecho a la intimidad y contra las amenazas o insultos "ya están garantizados" con las leyes actuales.

"Es muy grave", insiste Dopico, "Estamos en un país en el que hace no muchos años teníamos amenazas de muerte reales para guardias civiles y policías. Y resultaba que en esa situación teníamos claros los límites de derecho y teníamos claras las actuaciones. Cuando resulta que no existe el riesgo que han arrastrado las fuerzas de seguridad y cuando se cuestiona la actuación de cierto sector de la Policía se pretende un blackout (apagón) informativo."

El juez Pedraz archiva el 25-S y critica a Interior por la gravedad de su denuncia
El objetivo de lograr la dimisión del Gobierno "está protegido por la libertad de expresión"
Interior intenta hasta esta misma mañana trasladar el caso a la Audiencia Nacional
DESCARGABLE Auto de Pedraz sobre el 25-S
Los imputados del 25-S, tras el archivo: “Volveremos a rodear el Congreso”
Pedraz alude a la "convenida decadencia de la clase política"
MANUEL ALTOZANO Madrid 4 OCT 2012 - 23:01 CET2466
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La convocatoria de la manifestación del pasado 25 de septiembre bajo el lema Rodea el Congreso no supone la comisión de delito alguno. Así lo estima el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que esta mañana ha dado carpetazo al caso abierto contra ocho organizadores de la marcha por un presunto delito contra las Instituciones del Estado. El juez mantiene que los promotores imputados en ningún caso trataron de invadir el Congreso, como mantenía la policía ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara y recuerda que los fines de la protesta -exigir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes e iniciar un proceso constituyente- están protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Pedraz inicia su resolución subrayando la gravedad de la denuncia que presentó la policía el pasado 14 de agosto. En ese escrito, los agentes le indicaban que la intención de los convocantes de la marcha era "ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado", el Congreso de los Diputados. La policía advertía además que la convocatoria había movilizado hasta ese momento a 42.162 personas y que los invitados a la marcha ascendían a 608.983 personas.

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El juez relata cómo, "dada la gravedad de lo expuesto por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera" de la policía, ordenó identificar a los promotores en Facebook y Google, así como a los titulares de las dos cuentas abiertas para financiar el acto y los desplazamientos a Madrid de los manifestantes así como de las personas que ingresaron dinero en ellas. Esto último lo ordenó ante la advertencia de los titulares de esas cuentas "desempeñan un papel activo en la organización de los hechos presuntamente delictivos objeto de investigación y cabiendo ser consideradas las aportaciones económicas a las mismas como colaboración en dichos actos".

Inicialmente, la policía identificó a 30 promotores de la marcha, pero Pedraz solo llamó a declarar como imputados a ocho de ellos, que estaban citados a declarar hoy. Siete de ellos han comparecido ante el juez y tras negar todos ellos que tuvieran la intención de entrar en la Cámara, han quedado en libertad. El octavo imputado, Antonio López, un jornalero de Jérez del Marquesado (Granada) se ha negado a comparecer en el juzgado acogiéndose a la "objeción de conciencia" y a que no compartía los hechos que se le achacaban, según contó él mismo a las puertas del tribunal. El juez considera que el hecho de que no se haya presentado "resulta indiferente, por cuanto citado en forma el mismo habría renunciado a declarar lo que tuviera por conveniente", por lo que también archiva el caso respecto a él.

El magistrado recuerda también, cómo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados inicialmente por la policía, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, autorizó la manifestación. En su acuerdo, Cifuentes contaba que, realmente, "la convocatoria no pretendía ocupar el Congreso, sino que "la verdadera intención de la convocatoria" era "permanecer de forma indefinida en el Paseo del Prado, en las inmediaciones" de la Cámara. Por tanto, concluye Pedraz, "la gravedad aventurada por la policía no era tal" por lo que decidió no imputar a ninguna otra persona a pesar de las múltiples identificaciones de promotores presentadas por los agentes.

El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido "mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad". "La normalidad más allá de la esquina del paseo del Prado no es así, se han producido algunas detenciones y algunos alborotos, pero por lo que sabemos, todos los diputados han podido acceder a la cámara sin ningún problema", señaló ese mismo diputado.


HUELLAS DE LAS PROTESTAS. En la concentración de apoyo a los imputados del 25-S ha habido también heridos en las manifestaciones, como David R., de 35 años. Las marcas de la porra son visibles en su cuerpo. "Seguiré manifestándome, pero me tiemblan las piernas". / E. GARCÍA DE BLAS
La resolución también detalla cómo hasta hoy mismo, Interior ha intentado llevar el caso a la Audiencia Nacional. El juez cuenta cómo esta misma mañana, se ha recibido un informe de la Brigada Provincial de Información de la policía señalando a cinco de los detenidos el pasado 25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las Instituciones. Pedraz asegura que no es a los agentes a los que corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que debe ser el propio juzgado de Instrucción Madrid que lleva el caso, el número 8, el que, en caso de que aprecie delitos que competen a la Audiencia, los ponga en conocimiento de esta.

Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las Instituciones que apreciaba la policía. Matiene, en primer lugar que "no existe indicio alguno" de que los promotores imputados tuvieran "intencionalidad de invadir" el Congreso. Después subraya que, en ningún momento se alteró su "normal funcionamiento" y que el objetivo de conseguir la dimisión de Gobierno y la apertura de un proceso constituyente con el que se presentó la protesta, no solo no es delictivo, sino que está protegido por el derecho a la libertad de expresión.

Pero, además, adelanta la decisión que tomará respecto de la inhibición de los 35 detenidos por los disturbios durante la protesta que acordó la juez de Instrucción 8 de Madrid en favor de la Audiencia. Pedraz recuerda que el perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe deducir que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio", dice. "Puede pensarse también que solo quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la convocatoria". Tampoco consta que "a algún diputado se le hubiera impedido salir del hemiciclo".

Pedraz alude a la "convenida decadencia de la clase política"

El juez Santiago Pedraz argumenta que la convocatoria Rodea el Congreso se enmarca en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". El auto dice textualmente: "El hecho de convocar bajo los lemas de rodear, permanecer de forma indefinida …, exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión, pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".